Gobierno de la Provincia del Neuquén

Indemnizarán a cesanteados por la última dictadura

Ex empleados estatales cesanteados durante la última dictadura militar serán indemnizados por ley, de acuerdo con un proyecto que avanza en la Legislatura neuquina.

Quienes reciban el beneficio, cobrarán el equivalente a 30 salarios mínimos, vitales y móviles.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia dio despacho unánime al proyecto, después de extensos debates en reiteradas oportunidades, a partir de un proyecto presentado por el diputado mandato cumplido, Alejandro Calderón, y otro presentado por un grupo de cesanteados, a los que luego se sumaron cinco propuestas elaboradas por los bloques  MPN, Frente Grande – Nuevo Encuentro, UNE-Frente y Participación Neuquina,  UCR y Coalición Cívica-ARI en conjunto con el Frente de Izquierda de los Trabajadores.

En la reunión de este martes, hubo un reconocimiento unánime al trabajo que realizaron diputados y asesores para lograr un único despacho que contemple las distintas posturas.

El expediente fue girado a las comisiones de Derechos Humanos y Hacienda y Presupuesto, y, según estimó el presidente del cuerpo, José Russo (MPN), ingresaría a la Cámara en las primeras sesiones del mes de agosto.

Russo explicó que el texto consensuado incorpora como beneficiarios a los agentes forzados a renunciar durante la dictadura –además de los prescindidos, cesanteados y exonerados-, punto que había sido motivo de discusión en la anterior reunión del cuerpo.

Además, señaló que la reparación es una indemnización y no un beneficio, que equivale a 30 salarios mínimos vitales y móviles. El dictamen contempla la creación de un registro provincial de reparación histórica que deberá confeccionar el padrón provincial, a partir de la evaluación de la prueba pertinente para acceder a la indemnización.

Los damnificados tendrán un plazo de 9 meses para solicitar la incorporación y el ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, en su carácter de autoridad de aplicación, tendrá un plazo de 30 días corridos para expedirse en las causas donde haya normativa que acredite el cese de la relación laboral y para los demás casos, el plazo será de 90 días corridos.

A la vez, se excluyó de la indemnización a los agentes dados de baja y reincorporados a la administración pública provincial en un plazo no superior a un año; y a quienes hayan prestado funciones en agencias estatales de inteligencia como informantes o colaboradores.

Además, se fijó un plazo de reglamentación de 90 días a partir de la promulgación y se prevé la imputación del gasto al presupuesto del próximo año.

 

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