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Impugnaron la absolución de Fernández y Godoy en el caso Aigo

El fiscal jefe Fernando Rubio impugnó  ante al Tribunal Superior de Justicia la sentencia del Tribunal de Impugnación que absolvió a Juan Marcos Fernández y Analía Godoy de la condena por encubrimiento agravado y falso testimonio en el caso Aigo.

El caso donde se investiga el homicidio del policía José Aigo, ocurrido en 2012 en cercanías de Junín de los Andes, con connotaciones con actividades terroristas en Chile y Argentina, tiene por ende otras circunstancias para que la justicia aclare,  mientras siguen prófugos los principales acusados del asesinato, los ciudadanos chilenos Jorge Salazar Oporto y Alexis Cortes Torres.

La impugnación, que fue presentada el 9 de diciembre pero informada oficialmente recién este lunes,  fue sostenida sobre tres ejes, que son textualmente los siguientes:

  • La inexistencia de la sentencia por adolecer de un requisito esencial como es el voto de dos de los tres jueces que integraron el Tribunal (artículo 194, inciso 3 del Código Procesal penal);
  • por haberse pronunciado más allá de lo habilitado por el Código de forma en abierta violación al debido proceso, al haber violentado los principios del sistema acusatorio provincial plasmado en el artículo 7 de la norma, particularmente los principios de contradicción e inmediación;
  • por resultar arbitraria la sentencia al presentar la misma sólo una fundamentación aparente y no obedecer a una solución derivada del razonamiento lógico y por ende también por este aspecto violatoria del debido proceso.

El planteo lo efectuó Fernando Rubio contra la resolución de noviembre pasado del Tribunal de Impugnación integrado por los jueces Fernando Zvilling, Florencia Martini y Alfredo Elosú Larumbe.

Estos jueces, por unanimidad, dejaron sin efecto la condena a tres años de prisión en suspenso contra Fernández, hijo del intendente de San Martín de los Andes, y Analía Godoy, su pareja,  impuesta por un tribunal que los consideró responsables del delito de  falso testimonio y encubrimiento.

El Tribunal de Impugnación consideró que los hechos probados en el juicio no fueron conducentes con la imputación formal efectuada y dejó sin efecto la condena.

El fiscal jefe argumentó ahora que “la resolución (del Tribunal de Impugnación) no puede ser reputada como una sentencia y la misma debe ser declarada nula como si nunca hubiera existido, en razón de la falta de los elementos esenciales con los que debe contar una sentencia como es la motivación expresa…”.

Remarcó que “el artículo 194 inciso 2 del ritual impone como requisitos esenciales de la sentencia `el voto de los jueces que integraron el tribunal sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación´”. Y destacó que “de la simple lectura surge claramente que faltaban los votos de la Dra. Florencia Martini y el Dr. Alfredo Elosú Larumbe, y como dijimos luego con un intento de remediar tal manifiesto y esencial yerro en un requisito se utilizó un remedio contemplado en el artículo 78 cuya naturaleza y existencia tiene como fin la reparación de errores u omisiones materiales siempre que ello no importe una modificación esencial …”.

Añadió que “sin perjuicio de la nulidad arriba planteada, la sentencia en crisis carece de motivación suficiente, toda vez que el señor Juez del voto utiliza sólo un fundamentación aparente; y en este punto, el resolutorio impugnado resulta en un todo arbitrario e infundado, y, por ende, inválida”.

 

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