Gobierno de la Provincia del Neuquén

Escuelas privadas…de subsidios

Un cerrojo a la educación privada, y la “no prioridad” de un observatorio que controle resultados educativos, fueron los dos temas centrales que esgrimió el gremio docente ATEN en la Legislatura este jueves, como parte de una consulta antes de sancionar leyes complementarias de la Ley de Educación provincial.

Marcelo Guagliardo, Gustavo Aguirre, Marisabel Granda y Daniel Herrara, fueron los delegados de ATEN y vocales gremiales ante el Consejo Provincial de Educación que concurrieron a la Cámara de Diputados para intercambiar opiniones con los legisladores, mientras se debate en comisiones tres normas complementarias de las Ley 2.945.

Los siguientes son los principales argumentos vertidos por los gremialistas:

  • La medida de terminar con el subsidio estatal a escuelas privadas debería ser de implementación gradual, pero ineludiblemente debería terminar “en un tiempo perentorio” con un aporte del 0% de parte del Estado a las escuelas privadas.
  • En los casos de gestión social que deben ser tenidos en consideración, se deberá optar entre el cobro de una cuota o la solicitud de un subsidio.
  • Hay escuelas con cuotas de 2.500 a 3.500 pesos que reciben subsidio sobre el 100 o el 50% del salario docente; y este beneficio genera desigualdad de oportunidades en detrimento de los alumnos que concurren a la escuela pública al subsidiar a los sectores de clase alta.
  • El 13% de las escuelas de la provincia son de gestión privada. Ese porcentaje se divide en dos zonas; Neuquén capital y la región sur, especialmente San Martín de los Andes. Esto se debe a la posibilidad económica de la población de pagar por el servicio educativo, situación que no se reproduce en el resto de la provincia.
  • Se deberá tener en consideración tres cuestiones básicas para poder otorgar un subsidio: que la institución se encuentre inserta en una población considerada vulnerable; que en la zona el Estado no pueda garantizar la enseñanza y que las mismas puedan comprobar que no persiguen fines de lucro.
  • Se exigió que el Estado comience a regular el sector. Por ejemplo, para que el plantel docente que se desempeñe en las escuelas privadas tenga legajo y esté incluido en los listados de la junta de clasificación del CPE. No se podrá dejar en manos del “propietario” de una privada la facultad de decidir quién entra y quién no, sobre todo si el Estado subsidia a dicha escuela.
  • En el presente ejercicio presupuestario se transfirieron 120 millones de pesos a escuelas de gestión privada. Mientras, sólo en San Martín hay 100 alumnos de nivel medio que no tienen asegurado su banco para el año próximo; y situaciones similares se relevaron en Villa Pehuenia, Centenario y Rincón de los Sauces. Se advirtió que peligra la posibilidad de cubrir la matrícula de salas de 4 años en los próximos 5 años, tal como lo establece la ley educativa, por el déficit de aulas en ese nivel.
  • Se calificó como “no prioritario” al Observatorio de Calidad Educativa que discute la comisión. Marisabel Granda indicó que se puede convertir en un órgano de control sobre el funcionamiento del CPE y que para las acciones que pretende desarrollar ya existen direcciones creadas en el Consejo.
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