Gobierno de la Provincia del Neuquén

El nuevo pacto petrolero que se prepara, decisión clave para Sapag

El gobierno de Jorge Sapag está a una semana de un momento clave para determinar el futuro inmediato de su principal recurso, el energético. El lunes próximo está citado para rubricar un pacto federal petrolero que divide aguas entre los expertos. Para algunos, implicará subordinar los intereses de la provincia. Para otros, es indispensable para avanzar.

El pacto, que sería enviado para su validación al Congreso, tiene la intención, según el gobierno nacional, de “complementar” la Ley de Hidrocarburos y la Ley “corta”, frente al nuevo escenario que plantea la extracción no convencional. Obviamente, Neuquén es la figura central en esta expectativa de cambio, en función de la importancia que se le asigna, desde los estudios y primeras exploraciones realizadas, a la formación Vaca Muerta.

Quien ha trabajado con los gobernadores de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), el ministro Julio De Vido, ha debido extremar sus capacidades diplomáticas. Todavía no hay acuerdo de todos. Tampoco, se afirma, con Jorge Sapag, uno de los mandatarios que representa, después de la creación de la empresa G&P, un escollo para el plan del gobierno de Cristina Fernández, que pretende centralizar fuertemente en el Estado nacional, con YPF como herramienta, la canalización de inversiones para asegurar la tan deseada soberanía en hidrocarburos, es decir, volver a conseguir un autoabastecimiento de energía.

Para eso, según han informado distintos medios, el pacto que se trabaja para que firmen el lunes 9, validándolo, los gobernadores, y después lo homologuen los senadores y diputados, tiene algunos de los siguientes puntos:

  • Plazos para la explotación de los yacimientos convencionales. Las empresas plantean que para poder repagar este tipo de desarrollos precisan plazos de concesión de 35 años o más.
  • Regalías. Se establecerá que las regalías no podrán superar el 12%, tal como fija la establece la Ley de Hidrocarburos.
  • Adjudicación de áreas por licitaciones competitivas. En los hechos, se apuntará a restringir el modelo de acarreo aplicado por varias provincias. Se establecerá un modelo de pliego de licitación que podría ser revisado por la Secretaría de Energía de la Nación.
  • Programas fiscales y tributarios homogéneos y estables. Por caso, se buscará fijar un parámetro común para el Impuesto a los Ingresos Brutos, que en la actualidad tiene alícuotas diferentes en cada distrito.
  • Estándares mínimos en materia medioambiental. Se apunta a avanzar en el diseño de un marco que regule y garantice el cuidado del entorno para lograr una explotación sustentable de los campos no convencionales.

La discusión de fondo sería, en este escenario, el uso total o restringido de la potestad sobre los recursos naturales que la Constitución nacional le concede a las provincias. El gobierno de Cristina Fernández pretende acotar ese uso concreto, y hacer que las inversiones pasen por asociaciones con YPF, negociadas directamente por el Estado nacional. Algunos gobernadores (es el caso de Sapag) pretende que se mantenga el actual esquema, donde las empresas provinciales, como G&P, tienen toda la posibilidad y libertad de asociarse con empresas del mundo para explotar el recurso, como ya se ha hecho. Además, se pretende mantener el manejo de las concesiones, la facultad de extenderlas o no, y de fijar cánones extras sobre el 12 por ciento de las regalías, si se considera necesario, como hizo Neuquén en su primera renovación de contratos de la actual gestión de gobierno.

Según ha dicho claramente el CEO de YPF, Miguel Galuccio, y han refrendado distintos representantes del gobierno nacional, la irrupción de las empresas petroleras provinciales en el actual escenario de inversiones para conseguir concretar el renacimiento energético con los no convencionales, no hace más que reducir la renta de los inversionistas, y por lo tanto, perjudicar la posibilidad cierta de esas inversiones.

En definitiva, lo que el gobierno nacional entiende es que hay dar una mayor seguridad y previsibilidad a las empresas internacionales, y que solo el Estado nacional puede garantizar esta cuestión.

Un argumento que las provincias observan sin creer lo que escuchan: la historia dice todo lo contrario.

Fuentes: Clarín, La Nación, El Inversor On Line, propias.

 

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