Gobierno de la Provincia del Neuquén

El gobierno neuquino fue a la Justicia por violencia en Vaca Muerta

Resuelto a zanjar una complicación concreta para el desarrollo de la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, el gobierno neuquino inició acciones legales contra una familia que –arropada en las consignas mapuche- ha protagonizado diversos incidentes buscando “ser consultada” por YPF y Chevron.

La demanda judicial fue anunciada por el  ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, es contra Albino Campos, y se justifica en la situación creada después de los “hechos violentos de público conocimiento que acontecieron el sábado pasado” en la formación Vaca Muerta.

Ese día hubo una manifestación mapuche, que el gobierno describe afirmando que el gobernador Jorge Sapag, el de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio, “fueron atacados por un grupo de personas encabezadas por Albino Campos, en forma violenta y agresiva”.

Según informó Gastaminza las actuaciones judiciales iniciadas responden a directivas expresas de Sapag y fueron presentadas tanto en el fuero civil como en el penal. El ministro dijo que hasta el momento la policía neuquina ha recibido “más de 20 denuncias, de particulares y empresas, sobre diferentes tipos de delitos, por usurpación, daños, amenazas, bloqueo de caminos, que ha llevado adelante este grupo de personas”.

El funcionario sostuvo que desde mediados de marzo, un grupo de trabajo a cargo de Jorge Lara, coordinador para el interior que depende exclusivamente del gobernador Sapag,  lleva adelante una serie de reuniones para solucionar el tema.

“Hace más de cuatro meses que el gobierno provincial ha expresado con actos y hechos concretos la voluntad de analizar y solucionar el conflicto existente de la manera más inteligente posible en una mesa de diálogo”,  dijo, y señaló que “pese a eso, la respuesta con la que se encuentra el gobernador es con actos de agresividad”.

La historia que presenta el Gobierno explica que el caso de los Campo-Maripe se remonta a 1927, cuando Pedro Campo y su mujer, Celmira Maripe, oriundos de Chile, ocuparon el Lote 15 D fracción XXVIII en un predio no mayor a las cuatro hectáreas.

“Ellos tuvieron 9 hijos y quienes hoy realizan reclamos a YPF son hijos de Belisario Campos, uno de los hermanos que había renunciado a sus derechos”, sostiene.

De acuerdo con esta información, hasta la fecha hay iniciados dos expedientes: uno donde se establece que eran arrendadores y debían pagar por el pastaje, y un segundo que se inició en la Dirección de Tierras de la provincia, pero nunca avanzó.

“Por lo tanto –remarcó Gastaminza-, no cuentan con ningún título de propiedad, como tampoco se presentaron como comunidad mapuche. Sólo acusaron la ocupación y derechos de pastaje y se autodenominaron antiguos pobladores de la zona”.

En este contexto, observó que “el reclamo surge, en el año 2013, cuando se anuncia que en esa zona se iba a desarrollar el acuerdo con Chevrón”.

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